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| El médico trujillano hizo un milagro en Apure que puede convencer al Vaticano sobre su Santidad. |
La madre y la hermana de la niña Yulexy fungieron como testigos, así como ocho médicos del Hospital Pablo Acosta Ortiz, de San Fernando, entre ellos el neurocirujano que la operó el 10 de marzo de 2017. Hoy se cumple un mes de la entrega del dossier al Vaticano.
La tarde del martes 18 de diciembre de 2018, en la residencia episcopal de San Fernando de Apure —en el suroeste del país—, se constituyó el tribunal eclesiástico que estudió, en tiempo récord, el presunto milagro que realizó el doctor José Gregorio Hernández a la niña guariqueña Yulexy Solórzano Ortega en esa ciudad el 10 de marzo de 2017.
Días antes, monseñor Alfredo Torres Rondón, obispo de la jurisdicción llanera, había emitido el decreto para el establecimiento de la referida instancia, por haber ocurrido la curación de la menor por la posible interseción del Venerable trujillano en su diócesis, según establece el “Sanctorum mater” — una especie de “manual de instrucciones” del Vaticano para las causas de beatificación y canonización—.
Respondió monseñor Torres Rondón a la solicitud hecha por la postuladora, la abogada argentino italiana Silvia Correale, y el cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de la arquidiócesis de Caracas, como parte actora del proceso, por haber abierto 70 años atrás la causa, debido que el fallecimiento de aquel médico con fama de santidad ocurrió en la capital, el 29 de junio de 1919.
Según informó una fuente eclesial experta en el tema a PANORAMA, “todo se fue dando rápidamente una vez que la Santa Sede aceptó el 13 de diciembre la petición de la arquidiócesis de Caracas de designar a Silvia Correale como nueva postuladora. Su designación era necesaria para iniciar la instrucción diocesana del presunto milagro” por parte del también científico.
Todo esto después que el neurocirujano Alexander Krinitzky —quien realizó la cirugía a la niña— pasó la información sobre la “milagrosa” sanación por el Venerable en el hospital Pablo Acosta Ortiz, tras recibir una balazo en la cabeza en Mangas Coveras —caserío del estado Guárico, donde viven—, cuando unos delincuentes intentaron robarle la moto a su papá.
Además —prosigue el informante— se contaba con la certeza parcial de ser un “milagro” que podría convencer para la declaratoria de beato del laico nacido en Isnotú por parte de un perito médico del Vaticano.
Fue así como, a 21 meses de la salvación de Yaxury Solórzano Ortega, cuando tenía 10 años, el obispo de San Fernando de Apure dejó instalado el tribunal, con la presencia del cardenal Porras, sus cuatro integrantes, sacerdotes del clero apureño y algunos médicos.
Comenzaron así a trabajar el sacerdote Juan Carlos Silva, párroco de Santa Rosalía y juez del tribunal eclesiástico de Caracas, como juez delegado; el sacerdote Gerardino Barracchini, párroco de La Candelaria y vicario episcopal por la Santidad de la arquidiócesis de Caracas, como promotor de justicia; el doctor Pedro Reinaldo Pérez Hurtado, como notario actuario; y la pediatra Elizabeth Sosa de Bermúdez, exjefa del servicio de pediatría del centro asistencial apureño. Todos fueron designados por la arquidiócesis de Caracas en consulta con la postuladora Correale.
“Mucha gente se pregunta por qué un tribunal debe evaluar y aprobar un supuesto milagro de José Gregorio Hernández y la respuesta es que, así como en los tribunales civiles hay que investigar para llegar a la verdad de un caso, el tribunal eclesiástico debe también investigar con prudencia y metodología un presunto milagro para presentarlo a la consideración del Vaticano. Se trata de un proceso inquisitorio per sé”, explica la fuente.
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| La pequeña Yuleci y su familia, protagonista y testigos principales del favor divino del Venerable. |
El tribunal se dedicó a interrogar a todos los testigos médicos y no médicos, concretamente a Yulexy; a su hermana Yeisi, de 21 años, y a Carmen Ortega, de 37 años, —la mamá y quien suplicó la intermediación a José Gregorio Hernández , cuando se enteró que iba a ser intervenida quirúrgicamente con pronóstico reservado— en la sede del tribunal y en el hato Santa Rosa, en la población de Camaguán, en el estado Guárico, a solo 20 minutos de San Fernando, propiedad del ingeniero caraqueño Domingo Amaro Rangel y de su esposa María Emilia de Amaro, devotos del Venerable.
“Los integrantes del tribunal han expresado que el trabajo no hubiera sido posible sin la gran ayuda técnica y logística de la familia Amaro, que los alojó y los alimentó en su hato, así como al cardenal Porras cuando acudió a la instalación, además de facilitar sus espacios para las entrevistas, y sin la calidad humana y la sencillez de los médicos apureños”, puntualizó el informante.
Además, la instancia eclesiástica reconstruyó los hechos acontecidos el 10 de marzo de 2017 en el centro asistencial, contando con el mapa de los ocho doctores involucrados realizado por la perito médico. “Fue providencial también que todos los facultativos, residentes, la pediatra intensivista, el neurocirujano, la instrumentista... estaban en San Fernando de Apure”, resaltó.
Tuvo también la tarea de recolectar las pruebas médicas, como la historia clínica y exámenes realizados a la menor antes y después de la cirugía, y durante su posterior recuperación, entre ellos radiografías y tomografías.
Siguiendo las normativas vaticanas vigentes, el tribunal ordenó la realización de una nueva tomografía el 21 de diciembre, a unos 21 meses después de haber recibido el balazo en la cabeza, para conocer el estado actual de la niña, que ahora tiene 12 años.
“El hecho fue calificado como inexplicable por el tribunal cuando una tomografía realizada el pasado diciembre, ordenada por el tribunal, mostró que la niña tiene la lesión en el cerebro pero se encuentra totalmente asintomática , sin secuelas, cuando debía presentar discapacidad, según el pronóstico del neurocirujano”, agregó el informante.
Una vez realizados todos los interrogatorios a los testimonios, recopiladas todas las pruebas médicas y redactadas todas las actas del proceso, quedó listo el expediente, cuyas copias públicas fueron realizadas por el diácono caraqueño Roberto Madriz, siendo presentadas a la Conferencia Episcopal Venezuela, en Caracas, el viernes 11 de enero, en el acto de clausura del tribunal, a solo 24 días de su constitución.
“El obispo de San Fernando quiso que el tribunal cerrara en Caracas, por ser la arquidiócesis la parte actora, y en el cierre de la asamblea de los obispos, para presentar el expediente en nombre de todo el Episcopado”, dijo.
Allí, el original y las dos copias públicas del expediente, incluyendo las cartas del obispo de San Fernando de Apure, el juez delegado y el promotor de justicia dirigidas al prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, fueron cerrados con sellos de lacre para resguardar su privacidad.
El original permanece en la curia apureña y las dos copias públicas fueron entregadas por el cardenal Porras, en compañía de la postuladora Correale, al cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecto del dicasterio, en el Vaticano, el viernes 18 de enero, con la esperanza en que el médico de Isnotú sea declarado oficialmente beato./Julio Gutiérrez/ Panorama)
